RD denuncia en la SIP daño que haría a la prensa la Ley de Partidos y otras iniciativas

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SANTO DOMINGO. La delegación dominicana que participa en la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en la provincia Salta, en Argentina, denunció este sábado en el órgano los peligros que enfrenta la prensa dominicana con la aprobación de leyes que limitan y condicionan el ejercicio periodístico, al igual que la libertad de expresión de los ciudadanos.

Durante su ponencia, Miguel Franjul, vicepresidente de Libertad de Prensa para la República Dominicana, dijo que la recién promulgada Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas “incuba limitaciones” al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, e igualmente, otro proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional, cuyo objetivo es “imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicación”. Dijo que ambas iniciativas “han despertado las alarmas en la prensa independiente”.

Expresó que ambas iniciativas se suman al proyecto de Ley de Medios de Comunicación, el cual está bajo estudio de una comisión bicameral del Congreso.

Al explicar como lesionaría la prensa la ley 33-18, dijo que la misma va más allá de su propósito “original de regular la Constitución y los partidos políticos, pues castiga con penas de multas y prisión la «difusión de mensajes negativos, a través de las redes sociales, que empañen la imagen de los candidatos». (44 numeral 6)

“Esta ley se apoya en artículos de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, pero contradice principios sobre libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información pública”, adujo.

Añadió que ya ha sido presentado un recurso de inconstitucionalidad para anular esta parte de la referida ley, bajo el argumento de que en una campaña electoral la ciudadanía tiene derecho a obtener información sobre los candidatos, lo que garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas y fortalecer la democracia. Además de que existen en el Código Penal y en otras disposiciones, normas que regulan la difamación y la injuria.

“La ley abre campo a infinidad de supuestos para tipificar o calificar una expresión sobre un candidato o para medir el grado de daño a la imagen de este, ya que ninguno de estos calificativos guarda relación con la veracidad de la información o invaden el ámbito de la privacidad. Con esto se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información de una red social sea pasible a penas de prisión de hasta dos años, más multas”, expuso Franjul. #PrensaactivaRD #Noticias

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