Niñas revelan que «religiosos» las, vio-la-ban, las embarazaban y las hacían abortar en Panamá.

 

EFE.- Hay “niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos”, aseguró este lunes a EFE la diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que investiga un caso de abuso sistemático durante años de decenas de menores en albergues dependientes del Estado.

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Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) el partido oficial, también aseguró que los abusos, físicos y mentales, los cometían los “internos” o personal a cargo de quién estaban los niños y niñas en al menos 14 albergues investigados.

Esta es la primera vez desde que se destapó en la últimas semanas este escándalo que una autoridad apunta, aunque sea vagamente, a alguien como responsable de los vejámenes a que los niños eran sometidos y concreta algo más de qué se trataban.

Ante una ostensible indignación popular, la pasada semana, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, se vio obligado a transmitir un mensaje a la nación por televisión en el que se comprometió a encontrar y castigar a los culpables de estos abusos, sin dar detalles de qué acciones ha tomado su Gobierno ni en qué dirección.

Varios menores de edad fueron abusados sexualmente por “internos” desde 2015 en al menos 14 albergues en Panamá, y niñas denunciaron haber quedado embarazadas de religiosos que regentaban los hogares, dijo a EFE Rodríguez.

“Los abusos los cometían los mismos internos”, e incluso existe un caso de un menor de edad que “fue abusado reiteradamente durante cinco años, desde los 10 a los 15”, afirmó la diputada, frecuentemente en poca armonía con el sector gubernamental de su partido.

También hay “niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos”, aseguró Rodríguez, frecuentemente en poca armonía con el sector gubernamental de su partido.

Una subcomisión parlamentaria reveló un informe que detalla que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en albergues de todo el país, instituciones que administran organismos privados como varias ONG y fundaciones, pero que están bajo la supervisión del Estado, que les otorga además fondos públicos.

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