La justicia en PP cometió un abuso con el caso Morales

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Por Dr. Ángel Lockward

PUERTO PLATA. Se ha consagrado que la Justicia es ciega, lo que obviamente, no es cierto y, se dice que es igual para todos, otra tontería: el Acto de Administrar la Justicia es racional y aplica medidas diferenciadas dependiendo de las circunstancias, en aras de la eficacia y de la equidad.

Por el mismo acto, por ejemplo, no se aplica la misma pena a un adulto que a un niño, ni a un enfermo mental, que una persona sana. Por otra parte, las penas no se aplican antes de que los hechos se demuestren y, las medidas de coerción, la deben dictar jueces prudentes, juiciosos y en conocimiento de la realidad de los hechos y de la situación personal de los actores: no tiene ningún caso enviar al imputado a la muerte, puesto que eso, no es justicia ni resuelve el problema a la víctima.

Las medidas de coerción son disposiciones extremas para cuando existe riesgo de fuga, peligro para las víctimas o posibilidad de afectación seria al expediente y su proceso: nada de eso se da en el caso de Juan Carlos Morales y su esposa, dos de los puertoplapteños de más arraigo.

Ellos pueden ser imputados, como cualquier otra persona y el proceso debe seguir su curso, como se sigue en otros casos, empero, a nadie se le ocurre, que representan riesgo de fuga, que ponen en peligro a los querellantes y menos aún, el proceso.

Ambos tienen más de 80 años y, en el caso de él, es una enferma en forma gravísima, intervenido quirúrgicamente, en los últimos dos años en varias ocasiones en las cuales pasó largos periodos en cuidados intensivos

¿Para donde diablos va un anciano que no puede casi ni andar y cuyos temblores, por sus dolencias, no le permiten ni firmar bien un documento?

Sin conocer del caso, viendo la probabilidad de acusación por estafa me pregunto

¿A quién en Puerto Plata se le puede ocurrir que esos dos ciudadanos puedan ser estafadores?

Es un hombre de otra época, pienso que quizás equivocado en el mundo de hoy y desconocedor de las leyes actuales, como es el caso de la 102/03, pero que su mente genere la conducta delictiva intencional que requiere la estafa, desde luego que nadie lo cree.

Puede incluso haber manejo incorrecto de las finanzas que generen problemas, sobre todo con la mala situación iliquidez actual, para enfrentar de inmediato las obligaciones, empero dudo mucho que haya insolvencia para hacer frente a ellas en el marco de un plan de pagos. Publicamos un día que Hugo González y Juan Carlos Morales eran los últimos grandes patriarcas de Puerto Plata; ellos, por si mismos, representaban la generación de pioneros de la actual ciudad: destruir los símbolos, incluso cuando se equivocan, no ayuda a nadie.

Juan Carlos y su esposa, podrían morir, no sólo por su edad y dolencias, sino además por la vergüenza, la pregunta es ¿A quién le resuelve eso el problema? Un año como medida de coerción en una cárcel pública a dos ancianos enfermos, símbolos de todo un pueblo –él a la cárcel pública y ella a Santiago, a la cárcel de mujeres -, es un exceso, una pésima aplicación de la justicia que debe avergonzar a la fiscalía y a la magistrada que dictó la medida.

No por la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino por la falta de lógica y excesiva crueldad, casi parece que hubiese interés de condenarles previamente por algún complejo social o por tener a alguna vinculación con los hechos, lo que convertiría la medida de coerción en chantaje o venganza social, ajenos ambos a la justicia. La Corte debe analizar los hechos que le sean planteados ¡Claro! Al tiempo que debe ponderar la condición, de salud y edad, de los querellados, olvidando que son pilares de la sociedad, puesto que esos mismos criterios debía aplicar a la gente más pobre, pero sobre todo, previendo dos realidades, la posibilidad de una solución eficaz a los querellantes, que es imposible si los querellados mueren y, sobre todo, que nadie recibirá un peso, si no se aplica una solución general de pagos que solo pueden hacer realidad, los querellados, la justicia es sobre todo, sabia.

Antes, Juan Carlos es un hombre de antes, tomar prestado y prestar, era un negocio de tipo comercial, es la Ley 102/03 y las decisiones jurisprudenciales posteriores, que convierten en falta la captación regular de fondos; tomar prestado e invertir, no es un delito y, si el dinero está en propiedades, lo útil, es convertirla en medios de pago, no colocarlas en un proceso judicial que las evaporara, como en todos los demás casos. Un acto de conciliación entre los querellantes y los querellados, es lo único sabio, puesto que lo contrario es, darse el gusto de enviar al cementerio a dos ancianos, pero perdiendo su dinero.

Juan Carlos Morales y su esposa, si procediera una medida de coerción, deberían cumplir domiciliariamente con impedimento de salida y las limitaciones que la Ley establece, otra cosa, no es justicia, es un abuso.

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