Juez rechaza medida que pretendía impedir desalojo en Valle Nuevo

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SANTO  DOMINGO. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó suspender de forma provisional la resolución de Medio Ambiente que dispone el desalojo el próximo domingo de los terrenos de Valle Nuevo, en Constanza.

La decisión fue adoptada por el juez Rafael Vásquez Goico, tras conocer una medida cautelar interpuesta por las empresas Granja Mora, Flores Antillanas y Flores Purama.

 

En su sentencia el magistrado refirió «que se trata de un pedimento que tendría como consecuencia una decisión definitiva, es decir, de naturaleza no provisional, y en adición, autónoma con respecto a la solicitud cautelar especial, la cual debe tener en principio un carácter instrumental en relación al proceso principal contencioso administrativo».

Las empresas Granja Mora, Flores Purama y Flores Antillanas, cuyos dueños son Gregorio Mora Soler, Tomás Villamán y Miguel Crouch, alegaron en la instancia de medida cautelar que la referida resolución viola las normas administrativas, la Constitución y las leyes del país, porque -según ellos- se dictó sin agotar “las normas comunes de procedimiento administrativo para la elaboración de normas administrativas y planes, sin agotar el procedimiento de vista pública. También aseguran que viola el principio a la confianza legítima.

Anteriormente, el tribunal había rechazado una medida cautelarísima que buscaba variar el plazo de los 120 días otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el desalojo en el Parque Nacional de Valle Nuevo, en Constanza.

La resolución 14-2016 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, el 29 de septiembre del 2016, otorga un plazo de 120 días para cosechar y/o retirar los cultivos en desarrollo y para desmantelar las infraestructuras y equipos relacionados con los cultivos agrícolas y la pecuaria en Valle Nuevo, en la provincia La Vega. Esa disposición fue considerada por los propietarios de terrenos como antijurídica y contraria a los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y de buena fe.

POR NIZA CAMPOS

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