Juez dispone entregar pruebas a los imputados por caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. Defensores de los imputados por el caso Odebrecht están apelando a todos los recursos que pone a su disposición el Código Procesal Penal para lograr que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, acoja sus pedimentos incidentales en el proceso.

Ante un pedimento de los abogados del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, al cual se adhirieron los demás letrados, el juez Ortega Polanco ordenó a la secretaría del tribunal entregarle un legajo de pruebas que no les fueron notificadas para ejercer la defensa de su representante, incluidas las de los coimputados.

La audiencia fue recesada para el martes 21 de agosto y se ordenó a la secretaría poner a disposición de Víctor Díaz, Ángel Rondón Rijo, Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Conrado Pittaluga Arzeno y Tommy Galán Grullón, el martes 14 de agosto, todas las pruebas con las que el Ministerio Público sustenta su acusación de soborno, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad en declaración jurada y asociación de malhechores.

La defensa del exministro de obras públicas, afirmó que varias pruebas que atañen a su defendido no le fueron entregadas pese a estar enumeradas en el inventario, lo mismo argumentó la barra de Rondón Rijo. En tanto que los del exsenador Andrés Bautista, le dijeron al tribunal, entre otras cosas, que los CDs que les entregó la Procuraduría y que contienen los movimientos bancarios del imputado, están encriptados por lo que se debe ordenar entregarles la clave y/o nuevos CDs abiertos para poder analizar su contenido.

Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz, criticó la negativa de entregarles los elementos que respaldan la acusación del Ministerio Público e indicó previo a que se acogiera su pedimento, que, si no les daban acceso a los documentos que no les notificaron, estaría llevando la audiencia preliminar como un matadero.

“Yo creo que es un proceso que está viciado, la intención de que eso se lleve a la carrera no lo sabemos, pero es un proceso que está sumamente viciado porque ningún proceso en Ciudad Nueva puede conocerse sin que me notifiquen las pruebas”, refirió.

En principio, el juez recesó la audiencia para que al día siguiente de la notificación de pruebas se reanudara sin embargo esa disposición fue objetada por los abogados alegando que de ser así, en la audiencia que se había fijado para el 15 solicitarían la reposición de plazo y que lo que correspondía, por economía procesal, es fijar para más adelante la continuación de la vista porque deberán evaluar el inventario de documentos que les entregarán.

PEPCA responde
La directora de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, dijo que se evidencia que los abogados están recurriendo a tácticas dilatorias y que desde que se depositó solicitud de auto de apertura a juicio, todas las pruebas fueron aportadas al tribunal y a disposición de los procesados.

Reiteró que los archivos provisionales son ajenos al proceso seguido a los siete imputados.

“No tenemos por qué entregarle archivos de un imputado a otro imputado porque sería poner en el escenario a una persona que ha salido del escenario, así sea provisional, entonces si se analiza en un contexto legal correcto, sería violar los derechos de esas personas que han recibido el privilegio de haber sido archivado su proceso”, dijo el fiscal Milciades Guzmán.

Explicó que no hay ningún vínculo entre los actuales acusados y César Sánchez, Bernardo Castellanos, Temístocles Montás; el senador Julio César Valentín; Máximo De Óleo; el diputado Alfredo Pacheco; Radhamés Segura y Ruddy González.

“No tienen ningún vínculo, le estoy diciendo, cada imputado en un proceso se vincula porque hay unas pruebas específicas que tienen que ver con él y pruebas generales que podrían vincularlo a todos. Si a alguien se le archiva un proceso, las razones de ese archivo son exclusivamente, y así lo manda la ley, y del manejo de la persona que se le haya archivado. La ley en ningún lado dice que se le tiene que notificar un archivo a un imputado que no fue al cual se le archivó un expediente”, argumentó el fiscal.

Dijo, además, que no existe un precedente para este tipo de casos y no hay una base legal en tales fines.

Ya no tienen medida de coerción

Francisco Ortega Polanco ordenó el levantamiento del impedimento de salida del país y la presentación periódica ante el Ministerio Público que le había impuesto a César Sánchez, Bernardo Castellanos, Temístocles Montás; el senador Julio César Valentín; Máximo De Óleo; el diputado Alfredo Pacheco; Radhamés Segura y Ruddy González, como medida de coerción por las imputaciones que les hacía el PEPCA.

Autorizó además al Ministerio Público, así como a los favorecidos con el archivo provisional del proceso a requerir de cualquier institución pública o privada el levantamiento o cese de cualquier medida restrictiva de los derechos personales o reales que le hayan sido colocadas a raíz de la investigación por los US$92 millones que admitió Odebrecht haber pagado en soborno para ser favorecidos con obras del Estado.

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