Gómez Casanova demanda a Autoridad Portuaria por pagos atrasados; dice su destitución es ilegal

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El exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) Víctor Gómez Casanova, intimó mediante acto de aguacil a esa entidad por casi un millón de peso, que alegadamente se le deben del salario que ha dejado de percibir como titular de esa entidad desde el 16 de agosto, debido a que no ha sido «sustituido» formalmente por el presidente de la República, Luis Abinader.

El exfuncionario señala que si bien el mandatario Abinader emitió un decreto en el que designa al dirigente político Jean Luis Rodríguez como director ejecutivo del Apordom, no ha emitido otra disposición del Poder Ejecutivo que lo destituya del cargo, por lo que sigue siendo el «titular» de la entidad.

Jean Luis Rodríguez fue designado el pasado 16 de agosto como director ejecutivo de la Apordom a través del decreto 329-20, disposición del Poder Ejecutivo que, según Gómez Casanova, no deroga el decreto 246-16 mediante el cual el expresidente Danilo Medina lo designó en ese cargo.

Gómez Casanova exige que la Autoridad Portuaria Dominicana pague la suma de RD$985,480 por concepto de salario ordinario y otros conceptos como son: compensación vehicular, incentivo a directores y reuniones del consejo, que no le han sido pagadaos a consecuencia de su «arbitraria e ilegal separación de su cargo sin que se haya producido su destitución formal».

Desde que asumió el cargo el pasado 16 de agosto, Jean Luis Rodríguez ha denunciado en varias ocasiones que la gestión de Gómez Casanova dejó una deuda de más de RD$800 millones de pesos en la Apordom, además de que cesó en pagar prestaciones y seguros laborales a los empleados de la entidad.

Rodríguez también denunció que los pasados directores de esa institución recibían beneficios exhorbitantes, como pago de viáticos, más de 10 mil dólares que no se reportaban, pagos por reuniones del consejo, entre otros.

Por tal razón, a mediados de mes, Rodríguez anunció que formalmente su renuncia a una serie de beneficios, compensaciones y gastos personales por 780 mil pesos, establecidos en esa institución que no están contemplados en la Ley 105-13 de Función Pública.

«El primero de esos beneficios al que he decidido renunciar es a la compensación por un valor de 50 mil pesos por mi asistencia y participación en las reuniones del Consejo de Administración de esta institución. Este monto era asignado por cada una de las participaciones que sostuviera el Director Ejecutivo», destacó en un video oficial publicado a través de sus redes sociales.

 

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