Envían oficiales a la justicia por aterrizaje avión cargado de drogas

SANTO DOMINGO. Los dos coroneles, el teniente de la Policía y un asimilado militar cancelados ayer bajo la acusación de facilitar la entrada de 23 paquetes de cocaína por el aeropuerto de La Romana, podrían recibir hasta 30 años de prisión.

El grupo rompió todos los protocolos de vuelo para permitir que una avioneta repleta de cocaína aterrizara sin problemas, lo que es tipificado por los organismos de seguridad del Estado como una “muy grave violación a la seguridad nacional”.

Los cancelados son el coronel de la Fuerza Aérea Domingo Figuereo Heredia, asignado al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil, y director de Seguridad del AILR, el coronel del Ejército Robert Antonio Ramírez Pimentel de servicio en la DNCD, el teniente de la Policía, Andrés Lorenzo Castillo Padilla; y el asimilado militar Enmanuel Cruz Espinal. Otro grupo compuesto por civiles también son investigados por la misma causa.

El ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, informó que estas decisiones fueron adoptadas siguiendo las recomendaciones de la Comisión Investigadora del caso. Aclaró que el caso del aterrizaje irregular en el AILR de la aeronave matrícula HK4909G procedente de Cartagena, fue reportado al MIDE la pasada semana “y de inmediato activamos la Comisión Interinstitucional de Asuntos Internos, que la preside el vicealmirante Juan Soto de la Rosa y la integran representantes de los diferentes cuerpos de la institución, un general, dos coroneles y un capitán de navío, también un general de la Policía y un coronel de Asuntos Internos de la Dirección Nacional de Control de Drogas”.

Según Paulino Sem, ambos oficiales actuaron en contubernio y un primer teniente “coordinando de esta manera el recibo de una ideterminada cantidad de sustancias controladas, en una operación de narcotráfico internacional”.

El Procurador
El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, informó que tan pronto reciban el expediente del Ministerio de Defensa sobre los policías y militares que fueron cancelados por tráfico de drogas, iniciarán una investigación y, de comprobarse que hay responsabilidad penal, estos serán sometidos. “Es posible que en el día de hoy recibamos ese expediente y todo indica que hubo responsabilidad penal, por lo que dijo el Ministro de Defensa. Abriremos una investigación profunda y seria que se demuestre responsabilidad en el caso, será sometido a la justicia”, dijo.

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