Caso Coral: Jueza dicta hoy medida de coerción a implicados en entramado de corrupción

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Santo Domingo.- La jueza del tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Kenya Romero, conocerá este lunes a las 11:00 de la mañana el fallo de la solicitud de la medida de coerción contra el general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y los demás implicados en el entramado de corrupción denominado Operación Coral.

Uno de los implicados en el caso denominado “Coral” reveló el funcionamiento de un extenso entramado de corrupción militar el cual dejó cientos de millones de pesos a los cabezas de esas estructura que drenaban las finanzas de cuerpos castrenses especializados, especialmente el de Seguridad Turística (CESTUR) y de Seguridad Presidencial (CUSEP).

En una delación que sorprendió a quienes seguían la audiencia de solicitud de medida de coerción, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez inició su exposición advirtiendo que diría la verdad de lo ocurrido y señalando que eran ciertas las acusaciones que realiza el Ministerio Público en el caso que se le atribuye al jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres Silverio, dirigir una red de corrupción.

Estoy totalmente de acuerdo con todos los planteamientos que ha hecho el Ministerio Público sobre mi participación en este caso, porque es la verdad y ya yo no voy a mentir más”, fueron las palabras iniciales del imputado.

A partir de ese momento empezó a desarrollar un relato el cual empezó describiendo como “multimillonario” al coronel Rafael Núñez de Aza, imputado como el cerebro financiero del entramado que se le atribuye haber dirigido Cáceres Silverio.

“El que yo esté aquí no quiere decir que esa red de corrupción haya terminado”, enfatizó en la audiencia para entonces revelar que que el actual director financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), coronel Elvys Alberto Muñoz Peralta, es de los cabeza de la estructura de corrupción que funciona en varios cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas.

Señaló que Muñoz Peralta había llevado a Rafael Núñez de Aza como auditor del Politur, hoy CESTUR, cuando éste era director financiero. Cuenta que en 2005 ambos concaron a Girón Jiménez a un negocio de expendio de bebidas alcohólico en la avenida Máximo Gómez esquina avenida 27 de febrero y allí le explican que a partir de ese momento cambiarían la dinámica de trabajo con la nómina.

En ese posen sacan la nomina del departamento de recursos humanos y la transfieren a la Dirección Financiera para que Núñez de Aza y Muñoz peralta pudieran tener el control.

Hasta este momento yo puedo garantizarle a usted que si se hace una auditoría en CESTUR va a encontrar que la nómina se usaba para pagarle solo a quien allí trabaja”, expresó en su declaración ante la jueza.

Girón Jiménez explico que empezaron sacando de 50 mil pesos, 60 mil, 90 mil hasta llegar a tener que depositar 700 mil pesos lo que empezó a generarle sospechas en el banco, por lo que decidieron incorporarar a más personas al mecanismo fraudulento que entonces empezaba.

Manifestó que la cantidad de dinero que estaban recibiendo eran tan alta y frecuente que se plantearon la necesidad de incorporar a más personas.

El oficial recordó que fue en 2017 cuando el Estado acogió la legislación que organiza los salarios en la amnistración lo que permitía que hasta se vendieron los especialismos.

“Anteriormente a esa fecha se le ponía de salario lo que el director de la institución dispusiera”, manifestó.

Ese dinero, aunque todo el que participa recibe algún beneficio, siempre era para los directores de turno y no hay forma humana de que no sea así”, dijo Girón Jiménez.

Afirmó que Núñez de Aza armó una estructura que funcionó por años que cobraba el dinero de nómina de empleados ficticio. Señaló que el dinero se repartían entre los cabezas del entramado.

Girón Jiménez aseveró que Núñez de Aza duró todo ese tiempo en el CESTUR como director financiero porque desde que designaban a un director él le entregaba entre 4 millones y 10 millones de pesos y lo mandaba a un dealer de la avenida Núñez de Cáceres para que buscara un carro nuevo.

A seguida introdujo un elemento nuevo, que a su decir era la razón del porqué el Ministerio Público no le caudran muchos de los ingresos de los imputados. Reveló que desde el CESTUR se vendían los especialismos a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que éstos se retiraran con pensiones elevadas. A cambio, el beneficiario tenían que pagarle el equivalente a tres meses del especialismo.

Eso así porque las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se otorgan incluyendo el salario devengado como “especialismo” por trabajar en alguna institución.

El imputado explicó durante su intervención en el tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

“Se idean lo siguiente: si usted quería un especialismo de 50 mil pesos, usted pagaba tres meses de adelanto. Le decían que con eso, aunque le estuvieron quitando el equivalente a tres meses de pensión, seguiría cobrando montos elevados durante durara toda su vida luego de ser pensionado”, manifestó.

Entonces Girón Jiménez le preguntaba a la magistrada que se imagina lo que representan 150 mil pesos pagadas por 300 mil facunables.

Señaló que todos los implicados en el caso “Coral” él los conoció como gente “clase media baja”, pero que ahora son multimillonarios.

Es ahí donde detalla que Núñez de Aza tenía la peculiaridad de saber indentificar a militares que potencialmente podrían ocupar posiciones importantes en las Fuerzas Armadas, como hizo con el mayor general Adán Cáceres Silverio.

Reveló que todo lo que estaba diciendo podía ser comporbado con las pruebas obtenidos por el Ministerio Públicos durante los allanamientos,

Reveló que tiene grabado en sus whatsapp las órdenes que le daba Núñez de Aza para que hiciera transferencia y produjera los pagos a otros altos oficiales, entre los que mencionó al recien renunciante director de CESTUR, general Torres Robiú.

“Tenían una cuartazos, pero era de la nómina del Politur”, reveló.

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