Afirman Código Penal está cargado violaciones

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) acusó hoy a la Cámara de Diputados de recurrir a un “rejuego ilegal” para imponerle al país un Código Penal cargado de violaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía en perjuicio, especialmente, de las mujeres, los niños y los adolescentes.

Virtudes de la Rosa, directora del instituto de Género y Familia de la UASD, reaccionó así ante la decisión de la Cámara de Diputados de aplazar ayer de manera indefinida el Proyecto de Código Penal aprobado en el Senado de la República y crear una comisión especial para estudiar una nueva pieza.

“Llamamos a los sectores sensatos, a quienes sí creen  en la democracia y a quienes apuestan a un cuerpo jurídico basado en asegurar el ejercicio pleno de derechos ciudadanos, a levantar su voz ante este nuevo atropello a la institucionalidad”, expresó la funcionaria universitaria.

Además, pidió “salir al frente al intento de los sectores más conservadores, de imponer  un Código Penal cuyo contenido  constituye un retraso total en materia de derechos fundamentales como son la dignidad, la libertad, la salud y la vida  de mujeres, niñez y adolescentes  de República Dominicana”.

En un documento entregado a los medios de comunicación, expresó que la Cámara Baja está incurriendo en  la “penalización absoluta del derecho  a decidir la suspensión de un embarazo que pone en peligro su vida, que es forzado por violación o incesto o no viable por malformación incompatible con la vida fuera del útero”.

“En una jugada totalmente ilegal, se ha procedido a introducir un nuevo proyecto de Código de Penal, contentivo de todos los artículos que han sido cuestionados y rechazados por la sociedad, y por la propia cámara,  por representar retrocesos significativos en materia de derecho a la dignidad, la salud, la libertad y la vida de las personas, especialmente de las mujeres más pobres de este país”, insistió.

De la Rosa añadió que se debe aspirar a una ley sin ningún tipo de discriminación, como establece la Constitución y no una a la medida de los sectores más conservadores del país.

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