Presidente de ANJE dice RD está compelida en mejorar régimen de consecuencia contra corrupción

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El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Jaime Senior, considero que el Día Internacional contra la Corrupción encuentra la República Dominicana en la obligatoria necesidad de continuar avanzando en la lucha contra este flagelo, aunque reconoce los esfuerzos de la administración del presidente Luis Abinader por instaurar una cultura de transparencia.

Senior sugirió la creación e implementación de un régimen de consecuencias adecuado, a través de un marco jurídico en el cual las irregularidades sean penalizadas ante los canales y las autoridades correspondientes.

El presidente de ANJE consideró que un sistema orientado en esta dirección, constituye un instrumento muy valioso para la sociedad, en la lucha contra la corrupción.

Para el empresario, la corrupción administrativa constituye un obstáculo para el desarrollo sostenible e inclusivo de un país, debido a las debilidades que genera en el sistema democrático, los efectos adversos en la economía y la expansión de las brechas de desigualdad social.

Trajo a colación las estadísticas del Índice de Percepción a la Corrupción del año 2021, que ubica a República Dominicana al margen de este significativo obstáculo, ocupando la posición 128 de 180 países.

No obstante, resaltó que RD muestra mejorías con respecto a las calificaciones de años anteriores.

“Estos resultados nos llaman a redoblar los esfuerzos que se han realizado desde el ámbito regulatorio, en el que podemos resaltar las propuestas de modificación al Código Penal para sancionar de manera más severa los delitos cometidos y la Ley de Extinción de Dominio, que representa un avance paradigmático en materia de lucha contra la corrupción”, afirmó en declaraciones a N Digital.

El presidente de ANJE ponderó el marcado interés por parte del Poder Ejecutivo en instaurar una cultura de transparencia en el país.

Puso como ejemplo, la presentación de un proyecto de ley que modifica del ordenamiento de compras y contrataciones públicas, el cual procura reducir las brechas legales en el Sistema de Contrataciones Públicas.

“Es un objetivo de suma importancia, si consideramos que las compras del Estado representan aproximadamente el 17% del PIB. En ese sentido, como jóvenes empresarios, pensamos firmemente que este tipo de mejoras en el sistema jurídico fortalecen la lucha contra la corrupción y consolidan los esfuerzos del país por erradicar la cultura de impunidad y garantizar procesos de fiscalización y control apegados al estado de derecho”, aseveró.

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